24/09/2018 Equipo FEVECTA
El fraude de los ‘falsos autónomos’ que no saben que en realidad son cooperativistas
En los últimos meses, han sido frecuentes las noticias publicadas en distintos medios de comunicación acerca de las denuncias formuladas por las organizaciones sindicales que han dejado al descubierto un reguero de casos de ‘falsos autónomos’. Los que hemos conocidos más recientemente se concentraban sobre todo en el sector cárnico, pero podríamos encontrar ejemplos en otros sectores, aunque quizá de manera menos recurrente, que sepamos.
Los casos denunciados, que están siendo investigados actualmente por la Inspección de trabajo, nos parecen especialmente graves por tres motivos:
Eso NO SON cooperativas
Las cooperativas, en realidad, nacen para proporcionar a sus socios trabajo en las mejores condiciones posibles, de acuerdo a los principios que inspiran su cultura empresarial, que lejos de ser una cuestión de voluntariedad, se plasman en la legislación que les es de aplicación en nuestro país y en nuestra comunidad. Por tanto, el hecho de que una cooperativa acabe convirtiéndose en una sociedad instrumental con el propósito de maximizar los beneficios de unos pocos a costa de socavar los derechos laborales de sus socios trabajadores es un fraude.
Evidentemente, el propio sector cooperativo es el primer interesado en acabar con este uso perverso del modelo porque las empresas que así actúan NO SON COOPERATIVAS. Por ello, el sector está de acuerdo en colaborar para acabar con dicho fraude. Ahora bien, algunas de las alternativas que ahora mismo se están barajando son, cuanto menos, cuestionables y ‘disparan’ contra la línea de flotación del sector.
Por ejemplo, una de las medidas que han sido sugeridas es dejar de permitir que las cooperativas de trabajo puedan optar por el régimen de cotización social de sus socios entre el Régimen General o el RETA. Dado que la ley permite a las cooperativas escoger el régimen de cotización de la Seguridad Social de sus socios, y estas mal llamadas cooperativas han pervertido el modelo a través de un mal uso de esta posibilidad al hacer cotizar a estas personas como autónomos cuando en realidad se deberían considerar a todos los efectos como trabajadores por cuenta ajena, algunos sostienen la idea de que acabando con esta prerrogativa, se acaba también con el problema.
Ahora bien, a quienes esgrimen esta medida cabe decirles que si a las cooperativas se les reconoce por ley una serie de derechos es porque también cumplen con una serie de obligaciones y deberes que otro tipo de empresa no tiene. Es, pues, fruto del reconocimiento expreso que la Constitución hace de la función social y económica que desarrollan sin parangón con otras figuras jurídicas. Y, por tanto, eliminar una o varias de dichas condiciones significaría de facto incurrir en una clara discriminación contra las cooperativas.
Como decíamos, no nos oponemos a sentarnos junto a la Administración, partidos políticos, organizaciones sindicales y patronales sectoriales implicadas para dilucidar el mejor modo de acabar con este fraude que utiliza de manera torticera a las cooperativas como instrumento;eso sí, cuidado, no vayamos a atajar un problema generando otro. Constreñir la legislación cooperativa que rige para todo un sector empresarial guiado por un código ético de conducta y que desarrolla una actividad lícita con el fin de generar empleo estable y riqueza en su entorno a través de un patrimonio irrepartible, por el desmán de unos pocos que, además, no forman parte del movimiento cooperativo, sino que únicamente han visto en él una ocasión de lucrarse a costa de los más débiles es totalmente injusto.
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