Hay una lista de reformas comprometidas con la UE que van a afectar al cooperativismo de trabajo

Salvo sorpresas, las elecciones generales tendrán lugar en el otoño de 2023. La celebración de elecciones abre la puerta habitualmente a la formación de nuevos gobiernos y con ellos a la llegada de nuevos objetivos y políticas socioeconómicas. El año que viene, no obstante, quien finalmente se haga con el Gobierno de España se encontrará con una lista de tareas ya definidas que sí o sí deberá llevar adelante, independientemente de su ideología y de lo que incorpore su programa electoral. Se trata de los compromisos que el Estado Español ha adquirido con la Unión Europea en el marco del programa Next Generation UE.

A principios de este año ya escribí un artículo en el que describía la manera en que los fondos procedentes del Next Generation UE iban a comenzar a llegar a la economía social de la Comunidad Valenciana a través de los presupuestos de 2022 (Ver Bienvenida Miss Unión Europea). La lluvia de recursos económicos que supone la implementación de este plan es lo que está recibiendo mayor atención por parte de los medios de comunicación. No es para menos: su volumen no es comparable a ninguna movilización previa de recursos por parte de la Unión. Además, la recaudación de los fondos que financian el programa implica por primera vez la mutualización de la deuda entre los países europeos. Un hito político de enorme importancia en el proceso de integración europea.

Es fácil, por tanto, quedar cegados por la parte económica del programa y olvidar que el plan que elaboró el Gobierno Español para acceder a estos fondos incluye no solo propuestas de inversión y gasto para estos recursos, sino que también incorpora una serie de compromisos de reforma que buscan modernizar la economía española. Por una parte, el Gobierno Español aprovechó el contexto para incluir en el documento varias de las reformas ya en curso que coincidían con su programa político. Por otra parte, el plan incorpora otros aspectos demandados por Bruselas como condición para el libramiento de las ayudas. La lectura de esta lista de reformas es fascinante en cuanto que anticipa una parte importante de la política económica que cualquier Gobierno sea cual sea su color político deberá implementar a partir de 2023. Se trata, al fin y al cabo, de un compromiso internacional, adquirido por el Estado Español con sus socios europeos a cambio del acceso a unos recursos económicos que ya se están ejecutando.

Y ¿cuáles son esas reformas de las que hablamos? ¿Cuáles de ellas afectarán al cooperativismo de trabajo valenciano? Pues los medios de comunicación vienen recogiendo las negociaciones y la actividad legislativa relacionadas con varias de ellas. Pero otras son, de momento, totalmente desconocidas para el gran público.

En primer lugar, tenemos todas las reformas incluidas en el componente 23 del programa y relacionadas con la modernización del mercado de trabajo. Muchas de ellas ya se han llevado a cabo. Entre éstas tenemos, la regulación del teletrabajo, la introducción de los registros salariales, la ley de los raiders y la reforma de la contratación temporal. Varias estas reformas, en concreto la ley de los riders y la reforma de la contratación temporal están teniendo ya un impacto en el cooperativismo de trabajo.

En el primer caso, la obligatoriedad que impone la reforma de que los mensajeros se incorporen a las plataformas mediante la contratación laboral ha hecho que muchos centren su mirada en el cooperativismo de trabajo y en la posibilidad que tienen los socios trabajadores de cotizar en el régimen de autónomos. Si bien esto abre la oportunidad de cooperativizar las plataformas de riders, también implica el riesgo de que lleguen al cooperativismo de trabajo personas que, sin un entendimiento de la exigencia de participación y empoderamiento de los trabajadores que implica el cooperativismo, busquen únicamente escatimar derechos laborales a quienes trabajan para estas plataformas. Habrá que estar vigilantes.

En el segundo caso, la modificación de la contratación temporal ha dado un vuelco a las dinámicas habituales de incorporación de personas socias trabajadoras en cooperativas de trabajo, en las que, hasta ahora, era habitual que las futuras personas socias pasasen por un periodo de dos años de duración en la contratación temporal antes de incorporarse definitivamente a la base social de la cooperativa. Adicionalmente, esta modificación ha trastocado las ratios personas socias/trabajadoras de muchas cooperativas, con las implicaciones que el mantenimiento de esta ratio tiene en el mundo del cooperativismo de trabajo.

Otras reformas que incluye el componente 23 y que todavía no han sido implementadas son la modernización de la negociación colectiva, la modernización de la contratación y subcontratación de actividades empresariales y, particularmente, la simplificación y mejora de nivel asistencial de desempleo, de la que, por cierto, todavía no hemos oído nada. Dependiendo de cómo se lleven finalmente a cabo, cualquiera de estas reformas podría tener un impacto importante en la actividad de las cooperativas de trabajo.

Otro ámbito cuyas reformas podrían tener un impacto sustancial, tanto en las cooperativas como en sus bases sociales, es el impositivo. El componente 28 consagrado a la modernización del sistema impositivo incluye la revisión de todos los beneficios fiscales existentes “con el fin de verificar si cumplen los objetivos para los que fueron aprobados y si el coste que suponen, en términos de merma recaudatoria, resulta justificado”. Desde el punto de vista cooperativo, podemos ver esta reforma como una amenaza de perder alguno de nuestros beneficios fiscales, pero yo prefiero ver en ella una oportunidad. Las entidades representativas del cooperativismo a nivel estatal llevan años intentando que se reforme el estatuto fiscal cooperativo que apenas ha experimentado cambios desde 1990. Colocar entre las prioridades políticas la revisión de los beneficios fiscales podría darnos la oportunidad de demostrar con números nuestra contribución a la sociedad y a la economía y, con ello, mejorar y profundizar en nuestras particularidades fiscales.

Ya de forma más anecdótica, este mismo componente 28 incluye lo que parece apuntar a la adopción de las tasas Tobin y Google, además de cambios en la imposición personal, en el Impuesto de Sociedades y en los impuestos indirectos con la finalidad de “incrementar la recaudación”.

Finalmente, tenemos todas las reformas incluidas en el componente 30 dedicado a la sostenibilidad del sistema de pensiones. Estas reformas también han centrado una parte importante de la atención del actual Gobierno de España. No obstante, la adopción de las mismas está siendo más lenta que las relativas al mercado laboral debido a la falta de consenso entre los agentes implicados en la negociación.

A estas alturas, todos sabemos que la transición del régimen de los trabajadores autónomos (RETA) hacia una cotización basada en los ingresos reales es una demanda de Europa (en parte, al menos). Para las cooperativas de trabajo asociado que optaron por cotizar en el RETA esta reforma va a suponer cambios importantes. El compromiso del Estado Español con Bruselas era tener la reforma lista a la conclusión de este primer semestre de 2022. A la vista de las dificultades para alcanzar un consenso entre los agentes sociales, la expectativa en estos momentos es que el Gobierno se conforme con una reforma de mínimos, pero Bruselas posiblemente presionará para que a lo largo de los próximos años se continúe profundizando en la reforma con medidas adicionales.

Prácticamente todas las reformas vinculadas al componente 30 están ya anunciadas, pero muy pocas implementadas. Entre ellas están el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal, la adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional, la modificación del complemento de maternidad, la reforma de los sistemas complementarios de pensiones y la adecuación de la base máxima de cotización del sistema.

El plan incluye muchas más reformas. He contado la elaboración de hasta 17 nuevas leyes, algunas orgánicas, y la reforma de otros muchos más textos legales. Los cambios afectarán a una multitud de ámbitos como la transición energética, la vivienda, la movilidad, la agricultura y la pesca, el transporte, la cultura, la sanidad pública, los servicios sociales, etc. Muchas de estas reformas acabarán impactando en la actividad de las cooperativas a través de sus sectores de actividad, Por ello, es recomendable echar un vistacillo a las mismas, ya que, independientemente de quién gobierne España tras las próximas elecciones, el Estado ya está comprometido con la Unión Europea para llevar adelante estas actuaciones. Aquí podéis encontrar el listado completo de reformas agrupadas por componente.

¡Buena lectura!