10/10/2016 Pepe Albors
¿Es posible que las administraciones públicas sigan ofreciendo los mismos servicios a la ciudadanía, manteniendo la calidad y con un menor coste para los ciudadanos? Muchos contestan que no, que no es posible.
¡Todo eso no se puede
conseguir a la vez.
Es imposible!
¡¡¡ LO QUE QUERÉIS ES LA CUADRATURA DEL CÍRCULO!!!
Otros, desde una óptica liberal, piensan que la clave es la gestión privada de los servicios públicos. Pero las preguntas que me planteo al respecto son: ¿qué significa la gestión privada de un servicio que va a seguirsiendo de titularidad pública? y ¿puede haber gestión privada de un servicio público manteniendo la dimensión social del mismo? Otros, desde una óptica liberal, piensan que la clave es la gestión privada de los servicios públicos.
Intereses divergentes de suma 0
En mi opinión, los que apuestan por la privatización de los servicios realmente están apostando por la siguiente dialéctica:
Lo que gana la empresa es a costa de precarizar el servicio: Pagar menos a los trabajadores/as o disminuir la calidad del servicio al ciudadano. Nos encontramos, por tanto, ante lógicas antagonistas donde lo que ganan unos es a costa de lo que pierden otros, y la resultante final es CERO.
Habitualmente, se justifican las privatizaciones por razones de eficiencia económica, pero al hablar de eficiencia no se está aludiendo a sistemas que respondan a principios de equidad y justicia social.
En España cuando se han producido privatizaciones de compañías que prestaban servicios públicos, RENFE/ADIF, IBERIA, ELECTRICAS, TELEVISIONES, BANCA, etc , se ha producido la pérdida del control democrático de dichos servicios públicos: se han sustituido las garantías legales propias de la gestión sometida al derecho público por la gestión empresarial privada, supeditada exclusivamente a la maximización del beneficio económico para la empresa, con la consiguiente inefectividad de las reclamaciones individuales y de las garantías jurídicas.
Poco a poco la ciudadanía se transforma en un cliente, reducido a votar cada cuatro años, un simple espectador alimentado por la publicidad incesante que le incita a consumir con la mayor libertad, liberándole de la ardua tarea de participar en la toma de decisiones sobre su propia vida y su futuro.
Esto conlleva la pérdida de calidad en la prestación del servicio y el aumento de los precios para los usuarios: las políticas indiscriminadas de disminución de costes en capital físico y humano, consecuencia de la tendencia a la consecución del lucro, hace que la mayoría de las empresas privadas proveedoras de servicios públicos bajen notablemente la calidad de las prestaciones y, paralelamente, suban el importe de los precios. Así, las empresas proveedoras de los servicios ponen en marcha políticas de disminución de puestos de trabajo y bajadas salariales.
Los gobiernos que apuestan por la privatización favorecen la desregulación laboral y la precarización del empleo. Esta dinámica se traduce en tendencia a la inestabilidad laboral, recurso masivo a la contratación basura, disminución de las garantías adquiridas a través de la negociación colectiva y aumento de la vulnerabilidad laboral, movilidad geográfica indiscriminada, congelaciones salariales, etc. (No estoy diciendo nada que no hay pasado recientemente en nuestro país).
En paralelo a este proceso, ha surgido una nueva élite de burócratas y políticos fuertemente identificados con el sistema de valores privatizador, que ve incrementado su poder y sus retribuciones, ocupando los puestos de decisión en la jerarquía de las Administraciones Públicas (Puertas giratorias, ¿os suena?).
Esto conduce al incremento de la corrupción y del clientelismo.Los extraordinarios beneficios económicos que se ponen en juego en los procesos privatizadores mediante concesiones, contratos de suministros, etc., han sido un caldo de cultivo idóneo para el tráfico de influencias, la información privilegiada, las extorsiones y sobornos, cobro de comisiones, financiación ilícita de partidos políticos, etc. En España algo sabemos de esto.
Pero, ¿puede haber otra forma de gestionarlos servicios públicos? Mi respuesta es clara, Si, hacerlo a través de empresas de economía social.
Los políticos tienen que atreverse a democratizar la economía, han de analizar qué servicios de los que ofrecen las administraciones públicas aportan valor al ciudadano y qué cuesta proveer dichos servicios.
La Economía Social ha demostrado a lo largo del tiempo que es capaz de prestar servicios públicos de calidad (educación, dependencia, etc.) con una eficiencia de costes, profesionalidad y alta rentabilidad social.
Hacia un nuevo paradigma en la prestación de los servicios públicos
La gestión de servicios públicos a través de empresas de economía social combina una lógica de convergencia de intereses. El modelo de empresa de economía social es el único que compagina de manera natural y hace converger dos lógicas supuestamente antagonistas: la económica y la social.
En este contexto de austeridad impuesta por Bruselas las administraciones públicas tienen que apostar por la flexibilidad y capacidad de adaptación que pueden aportar las iniciativasde economía social, multiplicando así la rentabilidad de los recursos públicos invertidos para atender las necesidades de carácter social y asistencial de los ciudadanos.
En el actual escenario político y económico, en el que el control del gasto público constituye uno de los objetivos prioritarios de cualquier gobierno, la optimización de estos servicios va a ser, sin duda, una oportunidad a estudiar.
Por eso, la incorporación de pequeñas empresas de economía social de base local en el proceso de prestación del servicio favorece tanto la innovación como la proximidad al beneficiario, e incluso, su participación activa en el proceso, dejando de ser un mero receptor de un servicio para ser un sujeto activo de un proceso asistencial (Socio Trabajador/socio consumidor), promovido y financiado por una autoridad pública, pero gestionado por organizaciones con una fuerte vinculación con el entorno del beneficiario.
Este es el caso de las pequeñas empresas cooperativas, que como respuesta al nuevo escenario descrito, han sido puestas en marcha por los habitantes de muchos municipios para gestionar estos servicios de un modo participativo, sin ánimo de lucro y con una filosofía que prime a las personas y sus necesidades sobre cualquier otra consideración.
¿Qué aporta la Economía Social?
1- CREACION DE EMPLEO, PRIORIDAD DEL FACTOR TRABAJO
2- ESPIRITU DE EMPRESA: LA INTELIGENCIA DEL EMPRESARIO COLECTIVO
3- DEMOCRACIA ECONÓMICA:PARTICIPACIÓN + EFICIENCIA
4-EMPRESAS DONDE LAS PERSONAS SON LO PRIMERO
5-CONTRA LA DISCRIMINACION:IGUALDAD E INTEGRACIÓN
6-EMPRESAS CON VOCACIÓN SOCIAL
7-DESARROLLO LOCAL Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE: EMPRESAS CON RAÍCES
¡POLÍTICOS, SINDICATOS, CIUDADANIA, ATREVEOS A CAMBIAR EL MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ACTUAL Y APOSTAD POR LA ECONOMÍA SOCIAL!
Pepe Albors
Hola! Soy Pepe Albors y quiero ayudarte a entender mejor la empresa cooperativa. Creo en la democracia económica, y la cooperativa es el mejor modelo de empresa para llevarla a cabo. No es fácil gestionar y trabajar en cooperativa, la igualdad, la participación democrática, la cooperación, no son fáciles de gestionar. Cuento con una experiencia de 37 años en el mundo cooperativo y os puedo ayudar a que el proceso de conducir un proyecto cooperativo sea más llevadero.
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