“La transmisión de empresas a sus trabajadores, siempre que se den determinadas circunstancias, ha funcionado bien en el pasado y funciona adecuadamente en el presente en muchos casos”

El informe GEM (Global Enterpreneurship Monitor) que todos los años realiza la Universidad Miguel Hernández en la Comunidad Valenciana resulta siempre una amena lectura, pero este año es un documento espeluznante. Entre otras cosas, el estudio encontró que el 15% de las empresas valencianas entrevistadas declaraban estar considerando seriamente el cierre o traspaso del negocio en los próximos 6 meses. Este porcentaje aumenta al 25% entre las empresas que se vieron obligadas al cierre durante el confinamiento. Las encuestas sobre las que se basa el estudio fueron realizadas entre el 20 y el 30 de abril lo que sin duda tuvo un impacto en el estado de ánimo del empresariado que las respondió. Aun así, el dato es demoledor. Según el INE hay algo más de 360.000 empresas en la Comunidad Valenciana, lo que implicaría que ahora mismo, podría haber más de 50.000 empresas valencianas considerando el cierre de forma más o menos inmediata. Un futuro sin duda inquietante que anuncia una inminente pérdida de riqueza, cientos de miles de empleos y, finalmente, el inevitable deterioro de la cohesión social en el territorio que conlleva toda debacle económica.

El potencial aumento de la mortalidad de las empresas no es una información desconocida, si bien hablar de números concretos contribuye a abrir los ojos a la magnitud del problema. La respuesta a esta amenaza inminente por parte del poder público se está centrando, por un lado, en facilitar a las empresas el acceso a recursos financieros, de manera que aquellas que son económicamente viables no se vean abocadas al cierre debido a dificultades financieras relacionadas con la pandemia. Por otro, el erario público está asumiendo parcial o incluso totalmente el coste de personal de las empresas con el objeto de evitar que una de las partidas más relevantes en su cuenta de gasto las arrastre a la quiebra en una situación de reducción sustancial o incluso desaparición total de los ingresos. Con esta última medida, el gobierno además sostiene las rentas de la ciudadanía apuntalando la demanda interna.

Estas son medidas sin duda necesarias y relevantes ante la situación en la que nos encontramos, pero, ni son sostenibles a medio/largo plazo, ni van a ser suficientes para muchas empresas en las que un crédito garantizado por el estado, que eventualmente habrá que devolver con intereses, o un ERTE durante unas semanas o unos meses no van a solucionar el problema.

El antídoto contra la mortalidad empresarial Covid 19

Para paliar el desastre que este volumen de mortalidad empresarial puede traernos, necesitamos involucrar a todos los actores clave de la economía y la sociedad en un esfuerzo conjunto tanto para hallar soluciones nuevas, como para recuperar otras cuyo valor ha sido demostrado en otras crisis y situaciones difíciles.

El cooperativismo de trabajo puede contribuir a este esfuerzo colectivo aportando soluciones que faciliten la continuidad de la unidad productiva, la salvaguarda del empleo y la creación de riqueza. Nuestra propuesta pasa por la recuperación de aquellas empresas que muestren indicios de viabilidad futura a través de la transmisión de la empresa a los trabajadores.

No todas las empresas van a poderse recuperar, y muchas de las que se rescaten, perderán algunas de sus unidades productivas, menos rentables, en el proceso. Pero la transmisión de empresas a sus trabajadores, siempre que se den determinadas circunstancias, ha funcionado bien en el pasado y funciona adecuadamente en el presente en muchos casos, evitando la desaparición definitiva de la empresa y de los puestos de trabajo. Desde este Blog, nos hemos hecho eco regularmente de estos casos como el de las cooperativas Equitec o Ele-Aleph, entre otras.

https://blog.fevecta.coop/equitec-ccopv/
https://blog.fevecta.coop/ele-aleph-coopv/

Las organizaciones representativas del cooperativismo de trabajo de todo el Estado llevamos varias semanas trabajando en una serie de propuestas orientadas a escalar el volumen actual de recuperaciones a una magnitud que efectivamente tenga un impacto relevante en el mantenimiento de la actividad y el empleo tras la pandemia.

Son tres las propuestas que destacan por su relevancia de cara a garantizar la escalada en el volumen de recuperaciones: La primera propuesta consiste en establecer un sistema de alerta temprana para detectar con la mayor antelación posible, aquellos casos en los que una intervención de estas características pudiera ser beneficiosa.

Lamentablemente, en FEVECTA vemos que muchas iniciativas empresariales que podrían haber tenido continuidad se acaban perdiendo porque nadie en su entorno conocía las posibilidades que ofrece la fórmula cooperativa en estos contextos ni quién podría haberles ayudado en el proceso de recuperación de la empresa.

Para evitar este desenlace, es prioritario que la Dirección General de Trabajo, los sindicatos, los juzgados de lo mercantil y las organizaciones representativas de la economía social colaboremos estrechamente estableciendo un sistema robusto que identifique de forma temprana empresas susceptibles de ser recuperadas y permita informar de la posibilidad tanto a la propiedad como a la plantilla.

La segunda propuesta consiste en la creación de un sistema de garantía estatal de manera que la Administración Estatal pueda ofrecer a las entidades financieras que financien estos procesos mediante avales que cubran hasta el 80% del principal tal y como ocurre en estos momentos en el marco de los préstamos ICO para la recuperación del COVID-19.

Y, por último, proponemos una modificación de la ley concursal, a pesar de que confiamos en detectar la mayoría de los casos antes de que lleguen a esta situación. La propuesta consiste en priorizar la venta en global de la unidad productiva siempre que la oferta proceda de los trabajadores constituidos en cooperativa de trabajo asociado y que, en estos casos, se contemple la extinción de todos los créditos, incluidos los créditos privilegiados de los que son titulares las administraciones públicas.

Esta última propuesta puede resultar llamativa, sin embargo, no somos los únicos que apuntamos en esta dirección con la finalidad de garantizar la continuidad de las empresas. Recientemente FEDEA, en su informe de propuestas para la recuperación económica, menciona explícitamente la posibilidad de negociar quitas sobre deudas tributarias y con la Seguridad Social con el fin de garantizar la continuidad de empresas inmersas en procesos concursales. Si esta propuesta merece consideración cuando procede de FEDEA, no vemos cómo puede merecer menos consideración si procede de las organizaciones representativas del cooperativismo de trabajo y su objetivo es garantizar la continuidad de la actividad a través de la creación de una empresa de economía social.

Huelga mencionar que facilitar este tipo de procesos supone un enorme ahorro de recursos para la administración pública y para la sociedad en general:

• En vez de tener personas cobrando una prestación o pensión, tendremos personas cotizando y contribuyendo al sostenimiento del sistema.
• En vez de tener una empresa muerta, cuyo enterramiento (concurso) detrae recursos públicos, tendremos una empresa viva, pagando impuestos y preparada para crear empleo y riqueza en su entorno.
• En vez de tener un grupo de personas desempleadas por largos periodos de tiempo que se vayan distanciando cada vez más del mercado laboral, tendremos un grupo de personas ocupadas y empoderadas a través del cooperativismo, con sus habilidades y su capital social intacto, preparadas bien para continuar en sus actuales puestos de trabajo, bien para encontrar otras oportunidades laborales.

Para concluir este artículo, voy a abusar de vuestra paciencia contándoos una anécdota personal que, creo, ilustra el momento en el que nos encontramos: En el pueblo en el que vivo hay un doloso monumento a la última crisis inmobiliaria, una promoción que ocupa una manzana entera de casas unifamiliares que actualmente yacen abandonadas y totalmente vandalizadas, mitad basurero, mitad antro en el que tienen lugar todo tipo de actividades desaconsejables. Y, sin embargo, no tenía que haber sido así. Estas casas estaban prácticamente terminadas, llegaron a tener los jardines plantados y la piscina llena. Cada vez que paso por delante de ellas siento una mezcla de incomprensión, frustración y amargura. ¿Quebró la promotora? Probablemente. Y a partir de ese momento ¿qué pasó para que todo se dejase morir? ¿Fueron los plazos interminables de nuestros procedimientos concursales? ¿Hubo una falta de cooperación entre los que tenían un interés en la promoción? ¿Faltó el sentido común? Posiblemente hubo un poco de todo. El resultado es que el deterioro creciente de esta construcción ha tenido un impacto devastador en la calidad de vida del resto de los vecinos de la zona, por no hablar del reguero de sangre en forma de impagos que, en su día, es probable que costara la vida a más de una de las PYMES que trabajaron en su construcción.

Hace unos días pasé, una vez más, por delante de la construcción y pensé, de repente, que quizá dentro de unos años contemple los resultados de haber dejado morir a empresas que tenían el potencial de crear riqueza, empleo y sienta las mismas emociones de incomprensión, frustración y amargura. Y, sin embargo, no tiene por qué ser así. En nuestras manos está hoy que no sea así.