Las personas socias trabajadoras de las cooperativas, en su doble faceta de trabajadoras y propietarias, están concernidas de manera especial en el debate por la reducción de la semana laboral a 4 días

El debate acerca de la implantación de la jornada laboral de 4 días con igual salario ha entrado de lleno en la agenda política, empresarial y social de nuestro país. Hay defensores y detractores casi a partes iguales. Los primeros ven en la medida una vía para alcanzar mejoras en ámbitos tan diversos como la productividad, la conciliación, la salud, el empleo o el medio ambiente. Los detractores, en cambio, se fijan más en los peligros que puede conllevar: mayores cargas de trabajo, dificultad de adaptación de algunos sectores, aumento de los costes empresariales, destrucción de empleo o pérdida de competitividad. Inquietudes comprensibles siempre que se pisa un terreno ignoto, pero que no deben impedirnos reflexionar, analizar pros y contras, probar… Imagino que pasaría lo mismo hace un siglo con conquistas sociales como la del descanso dominical o la ley que regulaba la jornada laboral de 40 horas repartidas en cinco días semanales, que hoy contemplamos como normales y que supusieron progresos sociales que hoy nos parecen irrenunciables.

Cuando se aprobó la norma, España atravesaba una importante crisis económica y la patronal defendía que no era momento, que el país podía agravar sus problemas de productividad y competencia, ¿os suena la música?

Abril, mes de la semana laboral de 4 días en València

En València el tema está ahora mismo de máxima actualidad porque el Ayuntamiento de la capital ha decidido coger el toro por los cuernos y entre el 8 de abril y el 7 de mayo va a testar una experiencia piloto con el lema “Trabajar diferente, vivir mejor”. El objetivo es medir durante cuatro semanas consecutivas el impacto que la implantación de la jornada de 4 días tendría en la ciudad si se implementara. Se va a aprovechar que dos de los lunes del mes de abril y el primer lunes de mayo son festivos, además de declarar un lunes más festivo para conseguir así el objetivo de las 4 semanas seguidas.

La evaluación va a correr a cargo del Laboratorio de Evaluación de Políticas Públicas de Las Naves que será la encargada de observar y medir cómo se modifican los comportamientos y hábitos de la ciudadanía y cuáles son los impactos a medio plazo que estos producen sobre cuestiones como el medio ambiente, la salud y el bienestar personal y, en menor medida (por el corto plazo durante el cual se extiende esta experiencia y la no intervención sobre el factor productividad) sobre la economía. En este sentido, se analizarán cuestiones como los usos del tiempo, la conciliación de la vida laboral, la sensación de bienestar, el descanso, el impacto de la medida sobre los gases de efecto invernadero, la calidad del aire, el silencio, el consumo energético, el tráfico, la red pública de transporte, el turismo de interior, la hostelería, el comercio y las compras en comercios y tiendas, entre otras cuestiones. Porque las pruebas analíticas se acompañarán de entrevistas cualitativas y cuantitativas a agentes claves y, aleatoriamente, a una muestra significativa de residentes de la ciudad. Se prevé que los resultados estén disponibles el próximo mes de julio.

Todas las cuestiones mencionadas son inquietudes que, más aún desde la pandemia, la ciudadanía tiene muy presentes: aquellas que afectan muy de lleno a nuestra calidad de vida. La pandemia nos obligó a replantearnos nuestro sistema de prioridades y muchas personas decidieron que era el momento de hacer cambios en su vida.

La filosofía de las cooperativas, además, suma a esto la apuesta de su modelo de poner en el centro de su actividad a las personas: su bienestar y necesidades. Las personas socias trabajadoras de las cooperativas, en su doble faceta de trabajadoras y propietarias, están, por tanto, concernidas de una manera especial en este debate. Todos los pros y los contras que puedan derivarse de este nuevo ‘modelo’ laboral les afectan porque son trabajadores, son empresa y son ciudadanos.

De hecho, cooperativas federadas a FEVECTA han compartido con nosotros sus inquietudes y experiencias acerca de la implantación de la jornada laboral de 4 días y nos parece muy interesante compartirlas aquí, porque encierran algunas claves interesantes de la cuestión.

Como nos comenta la cooperativa Granissat Coop V, estudio creativo y de diseño, “cada mejora laboral nos la planteamos como una cuestión de debate interno, como mínimo para testar lo que pensamos y cómo lo vemos”, explica Lluís Campello, uno de sus socios. En su opinión, es una cuestión de tiempo, “así como el viernes ya se ha consolidado el acabar la jornada a las 15 h, no es descabellado que en 5-10-15 años se pueda acabar la semana laboral los jueves”, señala.

A Oriol Flors, socio de Transversal Coop V, dedicada a la investigación, la formación y el asesoramiento en el ámbito de la comunicación, la participación ciudadana, el desarrollo local y el diseño de políticas públicas, “planteárselo es algo necesario”. Lo que le extraña es que este debate no se haya impuesto antes. “Hace más de 100 años que tenemos una jornada laboral de 8 horas y choca que todos los avances tecnológicos no hayan contribuido a reducir la carga de trabajo de manera que podamos avanzar en la mejora de la calidad de vida, la conciliación, la salud de las personas, el ahorro energético y protección ambiental”, cuestiona.

Él explica que en Transversal este debate “lo teníamos antes de que empezaran a aparecer iniciativas y ayudas públicas tendentes a promover la reducción de la jornada laboral, pero no acabábamos de atacarlo. Fue al salir las ayudas cuando lo pusimos en práctica”, explica.

Por su parte, Carpe Estudio Coop V, dedicada al diseño, arquitectura y urbanismo, también quiso participar del debate “para reflexionar acerca de cómo nos adaptamos a este nuevo paradigma de la sostenibilidad del que esta medida forma parte”, explica Irene Reig, una de sus socias.

Estas tres cooperativas llevan ya tiempo pensando en este tema, debatiéndolo en el seno de la organización, tratando de encontrar su propio modelo para adaptarlo a su idiosincrasia. Pero en lo que las tres coinciden es en sus motivaciones de partida, muy conectadas, como decía antes, con los valores cooperativos.

“En Carpe Estudio entendemos que el trabajo horizontal se sostiene por la capacidad que tengan las personas del equipo de conciliarlo con el resto de su vida. Un equilibrio entre lo productivo y el tiempo personal y de ocio es fundamental para tener un entorno laboral de calidad, y entendemos que la jornada de 4 días nos puede ayudar a alcanzar ese equilibrio y conciliación necesarios para todas las personas, independientemente de cuál sean sus circunstancias personales o familiares”, asegura Irene Reig.

Está de acuerdo, Lluís Campello, que nos comenta que la voluntad de quienes integran Granissat “no es vivir para trabajar y estar apretando a nuestros trabajadores, no perdonar horarios, etc.”.

Para Oriol, “es una cuestión de convicción, sobre todo, por calidad de vida”. Claro que, a pesar de las convicciones, el camino no está exento de dificultades. Entre ellas, para Granissat, la principal es que “es difícil aplicarlo mientras no lo hagan nuestros clientes. Si los viernes te piden cosas, ¿qué haces? Si te piden algo el jueves a mediodía o por la tarde, ¿no los atienes hasta lunes?”, se pregunta Campello.

Ayudas a las que todavía no pueden acceder los cooperativistas

Sin duda, otra dificultad es no poder optar a las ayudas públicas destinada a tal fin en el caso de los socios trabajadores de las cooperativas, al no estar sujetos al derecho laboral. En 2022 empezaron a aparecer iniciativas públicas con el fin de promover la implantación de la reducción de la jornada laboral. Gobierno y Más País, a propuesta de este último partido, pactaron poner en marcha un programa piloto para ayudar a empresas que quieran implantar la semana de cuatro días o 32 horas semanales. Poco después, algunas CCAA, entre ellas la valenciana, sacaron líneas de ayudas con este objetivo. Lo que ocurrió después es que las expectativas de cooperativas como Transversal o Carpe Estudio, que se habían propuesto avanzar en este camino, se vieron frustradas antes de comenzar. La razón fue que las subvenciones sólo podían afectar a “personas trabajadoras con contrato indefinido y a tiempo completo”, tal y como se establece en la base 5.1 de las bases reguladoras (ver publicación en el DOGV de 30/06/2022 y 06/04/2023), es decir, que las personas socias trabajadoras, al no tener un contrato laboral, más aún si cotizan en el RETA, de momento han quedado excluidas de este marco. Y son muchísimas las cooperativas de trabajo en las que todo el equipo lo integran cooperativistas.

En mi opinión, es un error. Si se considera que caminar hacia la semana laboral de 4 días – allí donde sea posible- es adecuado para hacer más sostenible el modelo productivo, además de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas, ¿qué sentido tiene excluir a todo un sector empresarial? Porque si de lo que se tiene miedo es de que estos socios tienen potestad tanto para reducir como para ampliar su jornada como deseen, también es cierto que cada vez son más las empresas con trabajadores por cuenta ajena con flexibilidad horaria que también ajustan su horario en función de causas diversas y que, en un momento dado, pueden trabajar más para luego trabajar menos.

Pero, como ya comentaba al inicio que era un tema de convicción y de valores, a pesar de la denegación de la ayuda, las tres cooperativas han comenzado a hacer algún tipo de planteamiento para ir acortando sus jornadas laborales, aunque seguramente más despacio de como lo habrían hecho con ayuda.

En el caso de Granissat, se plantean implantar rotaciones, de manera que una parte del equipo (trabajadores y socios) hagan en alternancia semanas de 4 y de 5 días para que siempre se pueda atender mínimamente a la clientela, a la espera de que las cosas avancen también por esta parte.

Transversal decidió seguir adelante por su cuenta y, como nos cuentan, de momento han pasado de 40 a 37,5 horas semanales con igual salario. “Pensamos que es un punto de partida, a partir de ahí creemos que será más fácil reducir a 32 horas. Desde 2023 lo hemos implementado y está funcionado muy bien”. Para ello, han establecido un plan que incluye medidas para aumentar la productividad relacionadas con el reparto de tareas, la distribución de los tiempos de trabajo de todo el equipo y de especialización. Lo que no han podido implementar de momento debido a la denegación de la ayuda es la contratación de una persona de administración que les ayude a unificar algunas tareas que ahora mismo realizan ellos. Un signo de que la reducción de jornada laboral no tiene por qué implicar destrucción de empleo, sino al contrario, si se planifican bien las cosas.

La cooperativa Carpe Estudio también ha optado por ir reduciendo la jornada progresivamente. “Ahora la tenemos en 37,5 horas por acuerdo de Asamblea General y tenemos flexibilidad total para atender cuestiones personales y familiares. Nos movemos más por objetivos que por establecer un horario rígido en la oficina. Eso sí, a ellos también les preocupa que la reducción hasta las 32 horas pueda llegar a afectar la sostenibilidad de su negocio y piensan que, de poder optar a las ayudas, ese riesgo sería más fácil de asumir. “La ayuda puede permitir ajustarse al nuevo ritmo y también ayudar a incorporar a nuevas personas a los proyectos” hasta que se pueda hacer el rodaje, explica Irene Reig. Para ella y su cooperativa es muy importante “participar de la reflexión colectiva de cómo adaptarse a este nuevo paradigma de la sostenibilidad de la que la reducción de la jornada de 4 días forma parte”.

Lo que parece claro es que no hay un solo modelo o una sola manera de caminar hacia esta jornada laboral de 4 días. Dependerá de sectores, de actividades, de dimensiones… Y, como asegura Irene Reig, va a ser necesaria una reflexión colectiva de todas las partes implicadas, sin rehuir el debate ni rechazar ninguna propuesta, como la prueba piloto que esta misma semana dará comienzo en la ciudad de València y cuyos resultados conoceremos en julio. Y lo que está muy claro es que las cooperativas, como siempre, están en la vanguardia de debates como el que nos ocupa, siempre con ánimo propositivo y sentido crítico en aras a mejorar la vida de las personas y sus entornos. Y, por lo tanto, no se les debería excluir de ninguna medida incentivadora en este sentido.

El debate está abierto, pero en mi opinión la tendencia que se ha abierto hacia una restructuración del tiempo de trabajo es ya imparable. Lo único que falta saber es el cómo o el hasta adónde. ¿Qué opináis?