La nueva Ley 1/2026 integral de impulso de la economía social renuncia a incorporar incentivos clave para el cooperativismo de trabajo

Las leyes, como las personas, dicen tanto por lo que contienen como por lo que callan. Por eso, más allá del legítimo balance positivo que muchos han hecho de la recién aprobada Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social, conviene detenerse también en sus silencios. Porque en esos silencios se esconden algunas de las oportunidades perdidas para reforzar un modelo empresarial que crea empleo, distribuye equitativamente la riqueza, fomenta la democracia en el seno de las empresas y articula territorio como ningún otro.

No cabe duda de que la nueva ley supone un avance. Actualiza un marco jurídico que lo necesitaba, reconoce la diversidad de la economía social y refuerza algunos elementos clave: la identidad cooperativa, la igualdad, la digitalización, la lucha contra el fraude o el reconocimiento institucional de un sector que representa una parte muy relevante de nuestra economía. Todo eso es cierto. Y todo eso era necesario.

Pero no es suficiente.

Quienes llevamos años trabajando desde el cooperativismo de trabajo sabemos que el principal reto del sector no es conceptual ni identitario, sino profundamente práctico: cómo extender el modelo facilitando la incorporación de personas trabajadoras a proyectos cooperativos, así como a otros proyectos empresariales propiciando su transformación en cooperativas. Ahí es donde se juega el futuro del cooperativismo de trabajo.

Durante meses, el sector ha estado negociando con el Gobierno y con distintos grupos parlamentarios una mejora muy concreta de una herramienta que ya existe y que ha demostrado ser eficaz: la capitalización del desempleo en su modalidad de pago único. No hablábamos de inventar nada nuevo, sino de extender su aplicación a dos supuestos absolutamente estratégicos.

El primero, la transformación de personas socias trabajadoras de duración determinada en socias de carácter indefinido. En un mercado de trabajo cada vez más fragmentado, donde la estabilidad es un bien escaso y valioso, las cooperativas de trabajo han demostrado ser un refugio de empleo de calidad. Sin embargo, muchas personas entran en las cooperativas de forma progresiva, con fórmulas que permiten un encaje mutuo antes de asumir un compromiso permanente. De hecho, cuando una persona se incorpora a una cooperativa tras haber sido previamente trabajadora tras la conclusión de un trabajo temporal, el sistema sí reconoce la posibilidad de acceder a la capitalización del pago único para integrarse como socia.

La paradoja surge cuando la cooperativa opta desde el primer momento por una fórmula más coherente con sus valores: incorporar a esa persona como socia de duración determinada, compartiendo desde el inicio la gestión, la participación y una parte de los derechos sociales, aun cuando su permanencia a largo plazo no esté garantizada. En estos casos, la ley no reconoce esa posibilidad de capitalización.

El resultado es una anomalía difícil de justificar: se penaliza a las cooperativas que apuestan desde el principio por abrir el proyecto y democratizarlo, frente a aquellas que mantienen durante más tiempo una relación estrictamente laboral. Facilitar que, en el tránsito hacia la vinculación indefinida, la persona socia pudiera capitalizar su prestación no solo habría sido una palanca poderosa para consolidar empleo estable, sino también una señal clara de apoyo a quienes hacen un esfuerzo real por compartir empresa y responsabilidad desde el primer momento.

No se trataba de un privilegio, sino de alinear los incentivos públicos con un objetivo que decimos compartir: más empleo estable, más corresponsabilidad y más empresas participadas por quienes trabajan en ellas. La ley, sin embargo, ha optado por no abrir esa puerta.

El segundo supuesto es el de la transmisión de empresas a las personas trabajadoras en caso de jubilación del empresario o empresaria. Miles de pequeñas y medianas empresas en la Comunitat Valenciana y en España se enfrentan cada año a su disolución y desaparición. No por falta de viabilidad económica, sino por falta de quien continúe el proyecto.

Desde el cooperativismo llevamos tiempo defendiendo que muchas de esas empresas podrían seguir vivas si se facilitara su conversión en cooperativas de trabajo. Las personas trabajadoras conocen el negocio, el mercado y los clientes. Lo que a menudo falta es músculo financiero inicial para asumir la compra. Permitir la capitalización del desempleo en estos casos habría sido una medida inteligente, eficiente y profundamente alineada con el interés general: mantener actividad económica, preservar empleo y evitar el cierre de empresas que no sólo son perfectamente viables, sino que, frecuentemente prestan servicios relevantes a la ciudadanía, especialmente en nichos con modestas rentabilidades o en territorios alejados de los grandes núcleos urbanos.

No hablamos de teoría. Hablamos de territorio, de comarcas donde cada empresa que baja la persiana deja un vacío difícil de llenar. Hablamos de economía real.

La paradoja es que esta ley se aprueba en un contexto en el que el discurso político abunda en conceptos como sostenibilidad social, cohesión territorial, reto demográfico o transición justa. Y, sin embargo, cuando llega el momento de concretar esos grandes principios en instrumentos útiles, se opta por una prudencia excesiva que acaba siendo inmovilismo.

Probablemente, dentro de unos meses volveremos a oír que hacen falta más cooperativas, más economía social, más participación de las personas trabajadoras en las empresas. Y será cierto. Pero entonces convendrá recordar que tuvimos una oportunidad clara de avanzar en esa dirección y no la supimos aprovechar.

Las leyes no transforman la realidad por sí solas, pero pueden facilitar —o dificultar— que otros la transformen. La Ley 1/2026 podía haber sido un punto de inflexión para el cooperativismo de trabajo asociado. Ha preferido ser un paso adelante, prudente sí, pero corto también.

Ojalá no tengamos que esperar otros quince años para corregirlo.