La aprobación de la ley para democratizar la toma de decisiones de las empresas es la oportunidad de optimizar las potencialidades del capital humano de nuestro país

La regulación de la participación de los trabajadores en la empresa ha sido la gran ausente de la agenda política y social de nuestro país desde la llegada de la democracia, a pesar de que venía claramente explicitada en el artículo 129.2 de la Constitución Española: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa (…) También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

El ‘olvido’ en el desarrollo legislativo de un mandato constitucional tan específicamente planteado tiene que ver, indudablemente, con la herencia del franquismo en las relaciones laborales. Ya que estaban caracterizadas por el autoritarismo empresarial, la mera reivindicación laboral y, por supuesto, la huelga eran reprimidas policial y judicialmente, además de conllevar en la mayoría de casos el despido de los líderes sindicales. Un modelo de gestión empresarial que incrementa la riqueza personal de los accionistas a costa del bienestar de los trabajadores, a veces de la sostenibilidad a largo y medio plazo de la propia empresa y de una menor productividad agregada del país.

A mediados de los ochenta se produjo un tímido intento por parte del gobierno socialista de desarrollar este artículo de la Constitución, tras nuestra entrada en la Unión Europea. Y sin duda, dada la mayoría del PSOE en el Parlamento español, hubiera sido aprobado pero la cuestión nunca llegó a ser abordada en sede parlamentaria.

Hubo que esperar hasta 1993 para que se firmara el acuerdo entre CCOO, UGT y el Instituto Nacional de Industria-Teneo que reconoció el derecho de participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas públicas, acuerdo que aún está vigente.

Tuvo que pasar casi una década para que la cuestión se planteara finalmente en el Parlamento nacional. En 2002 el grupo parlamentario socialista, en la oposición, presentó ante el Congreso de los Diputados una desarrollada Proposición de Ley para regular el derecho de información, consulta y participación de los trabajadores en la empresa, pero inexplicablemente esa iniciativa no fue retomada cuando ganó las elecciones de 2004. Es indudable que durante todos esos años hubo importantes aportaciones y reflexiones sobre esta materia desde el ámbito universitario, pero desgraciadamente circunscrito a ese espacio, sin capacidad de traspasar las paredes del mundo académico y entrar en la agenda política y social.

Ha habido que esperar dos décadas, tres crisis económicas y la reforma laboral retrógrada de 2012 del gobierno del PP, que cuestionó elementos estructurales del modelo de relaciones laborales que había sido acordado en la transición, para que este tema volviera a la agenda política.

En 2021 el grupo parlamentario de Unidas-Podemos planteó varias enmiendas a la reforma de la Ley de Sociedades que impulsaban la entrada de los trabajadores en el accionariado de las empresas cotizadas. Y en 2022 el mismo grupo presentó una proposición no de ley sobre una legislación que favoreciera la participación de los trabajadores en la gestión de las grandes empresas, aunque ambas iniciativas no fueron aprobadas en el Congreso.

Hace apenas dos meses, el 27 de abril, la ministra de Trabajo y Economía Social de España, y el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales alemán, firmaron una Declaración de Intenciones que profundiza y fortalece la cooperación bilateral en materia sociolaboral, y en la que se “reitera el interés tanto por parte de España como por parte de Alemania de (…) intercambiar experiencias en torno a la democratización en la toma de decisiones de las empresas”. A partir de esa iniciativa, y de la firme voluntad expresada públicamente por la ministra de aprobar una ley sobre esta materia antes de que acabe la legislatura, se han disparado las informaciones en los medios de comunicación sobre esta materia.

Desde la Plataforma por la Democracia Económica, una asociación surgida hace tres años por diversos profesionales del mundo de la empresa, del sindicalismo y de la academia, no podemos por menos que alegrarnos de que por fin esta cuestión haya tomado carta de naturaleza en la política y en la sociedad española, lo que muestra una indudable madurez de nuestro país en el ámbito económico y social. Una economía en claro proceso de modernización como la española no puede sustentarse en unas relaciones laborales autoritarias.

En una economía desarrollada, como la española, la innovación tecnológica, la globalización y la extensión del sector servicios han convertido al trabajo no cualificado en un factor de producción secundario, cediendo el protagonismo al talento. Consecuentemente la capacidad competitiva de un creciente número de empresas deja de estar basada principalmente en los costes, y pasa a depender de su capacidad de creación de valor gracias al desarrollo de activos intangibles (información, conocimiento, creatividad, reputación, confianza, capital humano específico, capital organizacional, etc.), es decir, que depende del capital humano de la empresa y de como este es organizado en ella.

Por eso España se sitúa en el grupo de treinta países desarrollados que el World Economic Forum (WEF) define como economías cuya competitividad esta “dirigida por la Innovación”. En dicho grupo España está en el puesto 23. En estos países el alto grado de capital organizacional, basado en la cooperación, que ha alcanzado un número cada vez mayor de sus empresas permite convertir muchas ideas innovadoras en servicios y productos de alto valor añadido. Como indican de forma reiterada en sus estudios los catedráticos de economía Vicente Salas y Emilio Huertas hay una profunda interrelación entre cómo se gobierna la empresa, entre sistemas más cooperativos o más autoritarios, y la estrategia de competencia que elige, por diferenciación e innovación o por eficiencia en el uso de los factores productivos.

En estas “economías dirigidas por la innovación” el capital tangible (máquinas, equipos, instalaciones, edificios, terrenos, elementos de transporte) reduce su peso en los incrementos de productividad, espacio que ocupan progresivamente los mencionados activos intangibles. Un número creciente de empresas de estos países desarrollan innovadoras “tecnologías de comercialización” que crean valor de “obra de arte” para sus productos y servicios, desarrollando una suerte de “neoartesanado industrial”. Debido a que en estos países los mercados de bienes superiores se han extendido a multitud de bienes y servicios que consumimos habitualmente: lavadoras, coches, zapatillas, vacaciones, formación, telefonía móvil, ropa, restauración, etc. Los bienes superiores son aquellos cuyo consumo no está limitado por el incremento de su precio, ya los consumidores aceptan que el precio es la señal más potente sobre la calidad, las más de las veces intangible (valorización de marca, diferenciación de producto) de esos bienes.

Como ha puesto de manifiesto el premio Nobel Joseph Stiglitz en los “países dirigidos por la innovación” las actuaciones públicas que generan una descapitalización del capital humano puede llegar a tener consecuencias muy graves para su productividad y capacidad competitiva, empobreciendo al conjunto del país. Ya que los trabajadores cualificados emigran a otros países que sí reconocen su esfuerzo formativo.

En este sentido son preocupantes los datos que en 2019 aportaba el propio World Economic Forum para nuestro país. Antes de la nueva legislación laboral aprobada en 2022 España estaba: en el puesto 61 en cuanto a eficiencia del mercado de trabajo; en el puesto 44 en relación con los derechos de los trabajadores; en el 73 en cuanto al grado de cooperación entre empresarios y sindicatos; y en el 92 en la relación entre salarios y productividad.

Asimismo, los indicadores de Cultura de Gestión Empresarial del WEF (delegación de autoridad, crecimiento de empresas innovadoras, actitud ante el riesgo empresarial) nos situaban en el puesto 85, mostrando el importante déficit organizacional de muchas empresas españolas que lastra nuestra competitividad y productividad global.

En la actualidad, en un marco de fuertes inversiones tecnológicas definido por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del gobierno (que proporcionará más de 140.000 millones de euros de los Fondos Next Generation en el periodo 2021-2026) el gran riesgo al que se enfrenta la economía española es que muchas “viejas” empresas no aprovechen esas oportunidades debido a su incapacidad de democratizar la toma de decisiones en su interior de forma que puedan optimizar las potencialidades del capital humano de nuestro país. Hay que recordar que en los últimos cuatro años más de 260.000 jóvenes españoles, principalmente con alta cualificación, han emigrado en busca de mejores salarios y condiciones de trabajo.

Un país no se puede modernizar con empresas viejas, por eso es tan importante que, por fin, se desarrolle el artículo 129.2 de la Constitución española.

Presentación del libro “¿Una empresa de todos? La participación del trabajo en el gobierno corporativo, coordinado por José Ángel Moreno y Bruno Estrada. Miércoles, 6 de julio en València (ver)