Una parte de la sociedad ha tomado conciencia de que la pérdida de población comporta graves desigualdades territoriales que afectan directamente a los derechos básicos de sus ciudadanos

Ilustración: Pilixip

La pandemia del Covid19 ha alterado tantas cosas que hay que hacer un esfuerzo para recordar dónde estábamos antes de que apareciera. Los dos meses de dura pandemia han desplazado los temas de interés social y político que ocupaban las primeras páginas de periódicos y telediarios allá por los primeros días de marzo, cuando el recién estrenado gobierno —¿quién se acuerda de aquel difícil parto?— empezaba a dar sus primeros pasos. Han sido dos meses con la atención fija en los datos diarios que nos mostraban, primero el avance y después el retroceso del mortífero coronavirus. No extraña, pues, que algún exagerado se empeñe en hablarnos de “antes del virus/después del virus” al modo como los libros de historia nos dividían las grandes etapas de la humanidad.

Entre las cuestiones relegadas por el monopolio informativo del virus me importa rescatar el tema de la “España vaciada”, expresión que ya nos es familiar en los medios y que se refiere a los centenares de municipios españoles que, año tras año, vienen perdiendo población hasta verse reducidos en el presente a alguna centena —incluso pocas decenas— de personas. Ciertamente, el fenómeno de la despoblación y envejecimiento no es nuevo sino que se remonta a muchas décadas atrás. Se ha dado especialmente en Castilla La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Aragón, etc., así como en algunas comarcas del interior de la Comunitat Valenciana. Con razón se habla de las dos Españas, ahora en versión poblacional: la España de la costa y de algunos núcleos urbanos, con su industria y servicios, y la España del interior, con espacios rurales abandonados e improductivos. Dicho de otro modo: territorios que ofrecen proyectos de vida atractivos frente a otros que son percibidos sin salidas profesionales y sin futuro vital.

Pero si el vaciamiento de muchos pueblos tiene en nuestro país una historia tan larga, ¿cuál es, pues, la novedad para que nos ocupemos del fenómeno? Entre otras consideraciones que no podemos tratar aquí, la novedad fundamental, según los expertos, es doble. Por un lado, la toma de conciencia en una parte de la sociedad de que la pérdida de población comporta graves desigualdades territoriales, que afectan directamente a los derechos básicos de sus ciudadanos (educación, sanidad y servicios básicos). Y por otro, la actitud reivindicativa ante los gobernantes adoptada ahora por quienes sufren tal situación, hasta el punto de haber dejado atrás, al parecer, la tradicional resignación y mentalidad fatalista.

Es en este contexto en el que la Fundación para la Cooperación y el Fomento del Cooperativismo, dependiente de FEVECTA, se ha planteado intervenir en la realidad de la “Valencia vaciada” a través del proyecto que hemos denominado MIGRACOOP, iniciativa que se halla en fase de discusión y abierta a sumar voluntades individuales y hacer alianzas corporativas con quienes quieran contribuir a hacer viable el proyecto.

En lo reflexionado hasta ahora, Migracoop descansa en tres pilares. Por un lado, en la posibilidad de contar con personas y/o familias dispuestas a realizar un proyecto de vida en alguno de los pueblos “vaciados” de la Comunitat Valenciana. Contemplamos la posibilidad de que sean tanto españoles como migrantes los que se muestren dispuestos a integrarse en una pequeña comunidad rural. En efecto, para algunos españoles puede ser una salida a una situación de largo desempleo, o una alternativa al modo de vida urbano, etc. Y para los migrantes —muchos de ellos, jóvenes con perspectivas de formar familia— puede aparecer como una oportunidad de arraigo legal en España y de adquirir un aprendizaje profesional.

Por otro lado, se precisan unos pocos municipios de la Comunitat Valenciana para iniciar una primera fase de experimentación y rodaje. La selección de los mismos ha de estar condicionada en gran medida por la implicación firme y personal tanto de la máxima autoridad del municipio como del responsable del área de desarrollo local o comarcal. Sin duda, en la identificación de esos dos agentes con el proyecto Migracoop estará una de las claves determinantes del éxito, pues alcalde y técnico han de ser en gran medida los primeros facilitadores del proceso. Y algo más a tener muy en cuenta: es necesaria una intensa labor de información local sobre los objetivos de Migracoop, único modo de conseguir la empatía y complicidad de los vecinos en el apoyo a los nuevos moradores.

Y el tercer pilar del proyecto ha de ser la actividad económica a desarrollar en el municipio de acogida. Es probablemente el mayor desafío del proyecto. Hay que analizar muy bien las posibilidades de trabajo en los sectores agrario/ganadero, industrial/artesanal y servicios, todos ellos dependientes del dinamismo potencial de la localidad y/o comarca. Pero para los impulsores de Migracoop no se trata sólo de que los acogidos desempeñen un trabajo como fuente de ingresos para ellos. Nuestro propósito es también aprovechar la actividad económica para llevar a cabo una educación práctica del modelo organizativo y productivo cooperativo. No en balde consideramos los valores y principios de la empresa cooperativa, así como su modelo de gestión (la democracia participativa y económica), como los más idóneos para potenciar el sentido de corresponsabilidad. En esta tarea educadora, la experiencia y acompañamiento de FEVECTA es la mejor garantía que podemos ofrecerles.

Hasta aquí una sucinta exposición de las grandes líneas del proyecto. Nos quedan muchos, muchos interrogantes sobre aspectos prácticos de Migracoop. ¿Encontraremos individuos o familias dispuestos a establecerse en un ambiente rural, superando el atractivo laboral de lo urbano? ¿Con qué criterios habría que hacer, en todo caso, la selección? ¿Tendremos el apoyo del municipio para el hospedaje necesario? ¿Contaremos con el interés de la Administración autonómica y de alguna entidad bancaria para la necesaria financiación inicial? ¿Habría que fijar un tiempo mínimo de compromiso por parte de los acogidos? ¿Sería posible obtener la autorización de las autoridades españolas para el caso de migrantes sin papeles? ¿Tendríamos que asegurar algún ingreso económico hasta que la actividad económica fuera autosostenible? Son, desordenadas, algunas de las preguntas sobre las que ya hemos empezado a reflexionar.

Pero al titular este artículo como un “proyecto abierto” queríamos subrayar el carácter colaborativo que tiene. Por lo pronto, en esta fase inicial, se ha empezado a trabajar en una plataforma virtual en la que ya participan personas individuales y entidades (ayuntamientos afectados, organismos públicos, ONGs, cooperativas, etc.) que son sensibles a la realidad de la “Valencia vaciada” y consideran que el marco de intervención planteado por Migracoop tiene interés para afrontar el complejo problema humano, social y económico que comporta. Aprovechamos este blog para reiterar la invitación a cuantos quieran sumarse a perfilar y hacer viable nuestro proyecto.

PROYECTO MIGRACOOP https://www.migracoop.org/