"El futuro del trabajo no está escrito, debemos escribirlo entre todos los actores con un enfoque que incluya la justicia social"

Más de 2.250 millones de personas que trabajan en el mundo no tienen un empleo decente: unos 2.000 millones trabajan sin contrato y sin derechos, por tanto, sin protección social, por no hablar de la remuneración que perciben -hablamos de trabajadores pobres -, de si sufren algún tipo de discriminación o de si trabajan sin las medidas de seguridad adecuadas para prevenir accidentes o enfermedades laborales. Muchos de ellos pueden llegar a padecer varias o todas esas deficiencias a la vez.

El peor error sería pensar que este panorama es sólo cosa de países en vías de desarrollo, que no nos afecta al llamado primer mundo, que la cuestión no va con nosotros. Porque en el primer mundo también existe una progresiva quiebra de los derechos laborales que afecta a una parte importante de la población. Crece la temporalidad de los contratos, el exceso en la subcontratación, los salarios insuficientes… y, así, poco a poco, la precariedad y la inseguridad laboral campan a sus anchas favorecidas por el miedo de muchas personas a perder el empleo, aunque éste sea indecente, y por un sutil desmantelamiento de la negociación colectiva en favor de los acuerdos de empresa. No podemos ponernos de perfil.

En los últimos años, leemos aliviados las noticias que se publican en prensa acerca de la recuperación de las cifras de empleo anteriores a la crisis como una reafirmación de que lo peor ya ha pasado. De que juntos (individuos, empresas, y gobiernos) superamos una de las peores crisis de nuestra historia. Pero no es cierto, no todos la sufrieron por igual, ni tampoco todos han salido de ella. Para muchos sus efectos persisten.

El empleo se recupera en el mundo, sí. Pero, pese a esta mejora, el deterioro en la calidad del trabajo está llegando a ser alarmante. Hasta el punto de que algunas voces han acuñado una nueva categoría laboral: la de los trabajadores pobres, término impensable en los países desarrollados hasta antes de la crisis, ya que tradicionalmente se ha considerado el empleo como el principal escudo frente a la pobreza y la exclusión social.

En nuestro país la situación es de las peores si tomamos como referencia a los países de nuestro entorno. Atendiendo a las cifras de un conjunto de 18 países del continente europeo, comprobamos que España encabeza las estadísticas de temporalidad con un 25,9%, según cifras publicadas por del Ministerio de Trabajo este mes de julio, mientras que la media de la UE se sitúa en un 14,2%. Además, de los 10,9 millones de contrataciones realizadas entre enero y junio de este año en España, el 90% eran temporales y, de ellos, el 60% eran inferiores a los seis meses.

La consecuencia es que, poco a poco, la situación personal y de las familias se va degradando por percibir ingresos insuficientes, tener dificultades para acceder a subsidios al no cumplir con los requisitos temporales necesarios, no acceder a formación y reciclaje que mejore su perfil y, por tanto, poder acceder a un trabajo mejor… y, así, nos encontramos con que hoy en nuestro país ya hay más de 2,6 millones de trabajadores en situación de pobreza real, muchos de los cuales pueden acabar en situación de exclusión social.

Por tanto, no basta con generar empleo. Es necesario que los gobiernos y organizaciones supranacionales tomen medidas efectivas para que dicho trabajo se realice en condiciones dignas, obligando a las empresas a cumplir con unos estándares adecuados. No se puede seguir permitiendo la paradoja de que los beneficios empresariales viajen en primera clase y los salarios en segunda, tercera, cuarta…

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha dado la voz de alarma acerca de este grave problema y sus consecuencias y ha provocado que se abra un debate acerca de este tema. En su Informe sobre el trabajo en el mundo de 2014, la OIT subrayaba que los empleos de calidad son un motor fundamental del desarrollo y, este año, coincidiendo con su centenario, ha publicado el informe “El futuro del trabajo” sobre cómo lograr un futuro del trabajo digno y sostenible para todas las personas, motivado por las profundas transformaciones tecnológicas, demográficas e, incluso, medioambientales que están incrementando la desigualdad y la inseguridad del mercado laboral en muchos países, con consecuencias sociales y económicas relevantes.

Las cooperativas de todo el mundo, a través de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), se han sumado a esta inquietud y han declarado su firme compromiso de contribuir a un futuro en el que haya trabajo digno. Con esta voluntad, el lema utilizado por la ACI este mes de julio para conmemorar el Día Mundial del Cooperativismo ha sido “Cooperativas, por un trabajo digno”.

Acerca del papel de las cooperativas en este contexto, se ha pronunciado hace unos días el director de la Oficina de la OIT para España, Joaquín Nieto, con motivo de su intervención en la jornada conmemorativa del Día Mundial del Cooperativismo en la Comunitat Valenciana, organizada por la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval).

Nieto reconoció que “el futuro del trabajo no está escrito, debemos escribirlo entre todos los actores con un enfoque que incluya la justicia social”. Y en este contexto, el representante de la OIT en España considera a las cooperativas formas de organización del trabajo “imprescindibles para construir el futuro del trabajo que queremos y que incluye la justicia social”. De hecho, para Nieto, las cooperativas constituyen en sí mismas “una potencia económica ejemplar de la que los Gobiernos no pueden prescindir”.

¿Qué es trabajo decente?

En este punto, y antes de ponerse a implementar estrategias, políticas, y medidas concretas encaminadas a conseguir unas condiciones de trabajo dignas, cabría definir bien ¿qué se considera trabajo decente? A este respecto, el magistrado y profesor de Derecho del Trabajo de la Universitat de València, Manuel Alegre, en la intervención realizada en la jornada del Día Mundial del Cooperativismo celebrada en Valencia y citando el Plan Director por un Trabajo digno (2018–2019-2020) del Ministerio de Trabajo, apunta que trabajo digno es “el que se realiza con respeto a los principios y derechos laborales fundamentales, el que permite unos ingresos justos y proporcionales al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, el que se lleva a cabo con protección social, e incluye el diálogo social”. Y pone el acento en tres conceptos fundamentales: libertad, igualdad y seguridad.

Las cooperativas contribuyen al trabajo decente

Pues bien, en opinión del magistrado, el concepto de trabajo digno está en el ADN del cooperativismo, tal y como se deja constancia en la Declaración de la ACI sobre el Trabajo Digno y contra el Acoso del 21 de octubre de 2018, que supone un compromiso formal de las cooperativas para promover un ambiente de trabajo digno y tolerancia cero ante cualquier forma de hostigamiento. La iniciativa se alineaba así con las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, además, de ser coherentes con los propios valores y principios cooperativos enunciados en la Declaración de Identidad Cooperativa.

El profesor Alegre reconoce que las cooperativas “han dado dignidad a muchos colectivos de personas, extendiendo la seguridad y la protección social a muchas actividades que anteriormente eran realizadas de manera informal o precaria”. Por eso, para él, “el cooperativismo es el modelo idóneo para la promoción del trabajo decente”. En su opinión, cuatro son los factores fundamentales con los que el cooperativismo contribuye al trabajo decente:

 1  Situando a las personas en el centro de la actividad empresarial.

 2  Basando su actividad en los principios de cooperación, igualdad, solidaridad y mutualismo.

 3  Aportando estabilidad en el empleo, mejores condiciones de trabajo y participación democrática.

 4  Contribuyendo a reducir la economía informal.

Al parecer, cada día son más los que reconocen las bondades del cooperativismo. De hecho, en los últimos tiempos es frecuente el reconocimiento por parte de organismos oficiales como la ONU, la UE o la OIT, entre otros, acerca del papel del cooperativismo para la consecución de los grandes retos globales.

Y está más que probado el papel protagonista de las cooperativas para generar condiciones de trabajo dignas y riqueza en su entorno por su especial arraigo al territorio y los principios que inspiran su compromiso con el bienestar de las personas y con el desarrollo de sus comunidades… principios que, lejos de quedar únicamente en el ámbito de la voluntariedad, inspiran los códigos normativos que les son de aplicación a las cooperativas en sus respectivos ámbitos territoriales de actuación.

Sin embargo, y desgraciadamente, no basta con que las cooperativas quieran y deban actuar con arreglo a dichos principios y normativas. Para que el impacto sobre el futuro del trabajo sea el deseable, los Gobiernos, agentes sociales y otros actores fundamentales deben comprometerse de verdad a la promoción de esta forma de empresa mediante legislaciones adecuadas y acceso a instrumentos de financiación flexibles, a favorecer desde la escuela su aprendizaje y buena imagen para que cada día más jóvenes se incorporen al mundo laboral a través de esta fórmula de emprendimiento colectivo y a eliminar las dificultades que aún persisten para su creación y consolidación. Porque allí donde el cooperativismo se hace fuerte, la sociedad gana.

Y permítanme que añada que sólo si pensamos y actuamos en grande, con políticas e incentivos suficientes, se podrán generar unos resultados tales que el impacto se pueda apreciar en el trabajo del futuro. Debemos exigir eso a nuestros políticos y gobiernos.

Y, por supuesto, cada uno desde nuestra posición y nuestras posibilidades, debemos repudiar firmemente y sin tapujos, en la esfera personal, profesional, pública y privada, actitudes o comportamientos por parte de cualquier agente o empresa contrarios a la dignidad de las personas. Todos, y digo todos, tenemos nuestra cota de responsabilidad en la construcción de un futuro del trabajo que contribuya de verdad al progreso de las personas y de la sociedad.