Hacia un nuevo modelo de generación y consumo de energía basado en la sostenibilidad, la distribución y la participación ciudadana

Hace unos años, en FEVECTA, hicimos unas grabaciones en las que preguntábamos a varios cooperativistas el motivo por el que habían constituido su iniciativa empresarial como una cooperativa. Un grupo de jóvenes emprendedores de Agullent respondió ante la cámara con un contundente: “para cambiar el mundo”. Con esa simple respuesta nos recordaron algo que olvidamos con frecuencia y es que el cooperativismo no es simplemente una forma jurídica ni una fórmula de autoempleo. No es solo eso: es un movimiento articulado en torno a unos principios y valores que lleva más de 170 años intentando cambiar el mundo.

Así, desde que en 1844 un grupo de artesanos fundara la primera sociedad cooperativa moderna en Rochdale (Inglaterra), todas las cooperativas creadas con posterioridad han intentado contribuir a implementar ese cambio a través de la democracia, la transparencia, la educación, la responsabilidad y el reparto equitativo de la riqueza dentro de la empresa. Todas las cooperativas que existieron y que existen buscan poner a las empresas al servicio de las necesidades de las personas, entendidas como seres humanos, independientemente del rol que en cada momento adopten en el mercado, ya sea este el de consumidores, trabajadores u otro. Y a todas ellas les ha inspirado la idea de que este es el camino para conseguir una sociedad más democrática, mejor equilibrada, más justa y, en último término, más pacífica.

El trabajo de cambiar el mundo es una carrera de fondo salpicada de esprints. El cooperativismo, a lo largo de su siglo y medio de historia, ha ido creciendo, ampliando el número de cooperativas existentes e influenciando a otras empresas, que no necesariamente adoptan todos sus valores, pero que sí han ido incorporando progresivamente algunos de sus postulados. A lo largo de este proceso, se han dado momentos puntuales en los que circunstancias concretas han generado la oportunidad de acelerar su crecimiento. Ejemplo de ello es el movimiento de renovación pedagógica de los años 80 que dio lugar a un importante crecimiento del cooperativismo de enseñanza. Con anterioridad se había producido el auge de las cooperativas eléctricas en España en los años 20 del siglo pasado. Estas cooperativas nacieron en un momento de expansión de la industria manufacturera y de cambios tecnológicos, como la corriente alterna, que fueron decisivos para el aumento de la producción y el consumo de electricidad en fábricas y el alumbrado tanto privado como público.

Pues bien, ahora tenemos ante nosotros un nuevo esprint, una nueva oportunidad para generar un intenso crecimiento de cooperativas, y otra vez en el sector de la producción, la distribución y la gestión de la energía eléctrica, un recurso crítico para cualquier territorio. La Unión Europea, dentro de su estrategia de descarbonización, promueve la transición hacia un modelo energético basado en energías renovables y en la participación de la ciudadanía tanto en la producción como en la distribución y la gestión de la energía. Dentro de este marco, la Comisión Europea ha publicado dos directivas que contemplan, respectivamente, el desarrollo de comunidades energéticas renovables y de comunidades ciudadanas de energía. Ambas son instrumentos de los que se dota la Unión para hacer realidad una visión que implica transitar en Europa hacia un nuevo modelo de generación y consumo de energía basado en la sostenibilidad, la distribución y la participación ciudadana.

Veamos las definiciones que proponen las directivas para cada una de las comunidades:

La Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables define en su art 2 a la «comunidad de energías renovables» como,

“una entidad jurídica:

a) que, con arreglo al Derecho nacional aplicable, se base en la participación abierta y voluntaria, sea autónoma y esté efectivamente controlada por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dicha entidad jurídica y que esta haya desarrollado;

b) cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios;

c) cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde opera, en lugar de ganancias financieras;”

Por su parte, la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de junio de 2019 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad contiene, también en su artículo 2, la siguiente definición para la «comunidad ciudadana de energía»:

“una entidad jurídica que:

a) se basa en la participación voluntaria y abierta, y cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas,

b) cuyo objetivo principal consiste en ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o socios o a la localidad en la que desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera, y

c) participa en la generación, incluida la procedente de fuentes renovables, la distribución, el suministro, el consumo, la agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia energética o, la prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos a sus miembros o socios;”

Cualquiera que conozca el cooperativismo llegará a la conclusión de que lo que se está describiendo aquí es una cooperativa. En efecto, las definiciones contienen directamente varios de los 7 principios cooperativos, entre ellos:

• la participación voluntaria y abierta o principio de puertas abiertas,
   
  
• la autonomía e independencia,
   
  
• el control efectivo de los socios o principio de gestión democrática,
   
  
• el interés por la comunidad,
   
  
• y la subordinación del capital y el beneficio económico a una finalidad de naturaleza social o medioambiental.

Y por ello, nos encontramos ante una oportunidad excepcional para acelerar la construcción de una economía y una sociedad más cooperativas.

Aquí mismo en la Comunidad Valenciana nuestro gobierno participa de la visión planteada por la Unión Europea para crear un nuevo modelo energético. La Generalitat Valenciana ha publicado sus planes para contribuir a esta transición energética y en ellos la proliferación de las comunidades energéticas tiene un papel fundamental. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) junto con la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo han elaborado el Plan para el Fomento de las Comunidades Energéticas Locales de la Comunidad Valenciana - Plan CEL 2030 (ivace.es).

De acuerdo con este plan, hasta 2030 debe constituirse al menos una comunidad energética local en cada uno de los municipios valencianos. Partiendo de que en la Comunidad Valenciana existen 542 municipios, esto supone la creación de, como mínimo, 542 nuevas comunidades energéticas en los próximos ocho años. Muchas de ellas podrían ser cooperativas. Por poner los números en un contexto, sirva de ejemplo que en nuestra Comunidad se constituyen en torno a 180 cooperativas de todas clases en un año cualquiera. Si un número sustancial de estas nuevas comunidades energéticas se constituyesen como cooperativas, la creación de cooperativas podría aumentar en un 35% o 40%.

Pero no solo se trata de números, la producción y la distribución de la energía son elementos que tienen un impacto relevante en la economía y en la sociedad. Producir un recurso clave para el desarrollo económico y el bienestar social de acuerdo con los principios y valores cooperativos daría al cooperativismo una nueva plataforma para darse a conocer e influenciar al resto de la economía.

Aprovechar esta oportunidad va a exigir la colaboración de todas las familias cooperativas. Entre otras actuaciones:

Las cooperativas agroalimentarias pueden construir comunidades energéticas sobre las comunidades de agricultores que ya aglutinan y poner al servicio de estas comunidades cubiertas y espacios sobre los que construir los medios de generación.

Las familias de consumo y viviendas pueden desarrollar nuevos modelos cooperativos de producción, distribución y gestión conjunta de la energía, de forma que las comunidades que deseen constituirse en cooperativa tengan a mano modelos y estructuras jurídicas adecuadas.

Por supuesto, las cooperativas eléctricas pueden poner al servicio del cooperativismo y de las personas que quieren organizarse en comunidades energéticas su conocimiento y experiencia en el sector.

En trabajo asociado contamos con cooperativas especialistas en la generación, organización y estructuración jurídica de comunidades de personas con un fin común, así como con cooperativas especializadas en instalaciones de energías renovables. Además, contamos con una red de cooperativas presente en la mayoría de los municipios del territorio valenciano. Estas cooperativas pueden ser pioneras que impulsen y se integren en las nuevas comunidades energéticas y aporten su experiencia y conocimiento cooperativo a estas nuevas cooperativas.

Tenemos ante nosotros un periodo emocionante en el que las circunstancias nos ofrecen una vez más la oportunidad de establecer alianzas y contribuir a mejorar la forma en que hacemos economía y sociedad, ¿cambiamos el mundo?